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Euskara Kultur Elkargoa no descarta denunciar al Gobierno por prevaricación

Komunikabideak / Nafarroa - 25/02/2010

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La fundación exige que se conceda ya una licencia a la emisora ‘euskalerria irratia’.

Satisfecha por ‘ganar otra vez al Ejecutivo en los tribunales’, requiere que se resarza a la emisora ‘por daños y perjuicios’.

La fundación Euskara Kultur Elkargoa (EKE) exigió al Gobierno de Navarra que 'conceda ya la licencia de emisión para Euskalerria Irratia' y defendió que no hay ningún motivo para no hacerlo, como así lo sugiere la propia sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Así lo expuso ayer el presidente de Euskara Kultur Elkargoa, Koldo Martínez, quien afirmó que la fundación ve claros signos de prevaricación en el empecinamiento del Gobierno foral contra Euskalerria Irratia. Vamos a estudiarlo con la seriedad que se merece y no descartamos llevarlo a los tribunales, anunció Martínez.

El presidente de EKE compareció ayer en rueda de prensa junto a la abogada que ha llevado el recurso de Euskalerria Irratia, Asun Galar, para valorar la segunda sentencia del TSJN que anula la adjudicación de las concesiones de radio realizadas por el Gobierno en 2006 a Radio Universidad (de la universidad privada) y a Net21. La resolución retrotrae el proceso hasta lo dictaminado en la anterior sentencia de 22 diciembre de 2005, que ya había anulado el concurso de licencias de 1999.

Durante su intervención, Martínez aseguró que los miembros de la fundación están contentos por haberle ganado nuevamente al Gobierno de Navarra en los tribunales de justicia un pleito. Sin embargo, el presidente de EKE apuntó que estaríamos mucho más contentos si no hubiéramos tenido que acudir a los tribunales en relación con esta cuestión. Y fue más allá. Estaríamos mucho más contentos si el Gobierno foral cumpliera la ley, si obedeciera las órdenes que le dan los tribunales de justicia, si no hiciera fraude de ley, si no actuara en contra de la ciudadanía de Navarra y de uno de sus propios idiomas, si actuara democráticamente y dejara de lado sus enfermizas obsesiones respecto al euskera y la cultura vasca, expuso Martínez.

En opinión de EKE, el empecinamiento del Gobierno de Navarra contra Euskalerria Irratia tiene claros signos de prevaricación, cuestión que no es baladí y que vamos a estudiar con la profundidad y la seriedad que se merece y que no descartamos llevar a los tribunales. La prevaricación es un delito que consiste, según lo define la Real Academia de la Lengua, en que una autoridad, juez u otro funcionario público dicte una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial, a sabiendas que dicha resolución es injusta.

Asimismo, Martínez exigió que "e resarza a la emisora por todos los daños y perjuicios sufridos a lo largo de diez años.

¿y ahora qué? Por su parte, la abogada de EKE Asun Galar, encargada de defender el recurso presentado por Euskalerria Irratia, aseguró que lo que le dice la sentencia del TSJN a la Administración está muy claro. En concreto, el fallo judicial expone que la Mesa de Contratación tiene una obligación por ley, que es la de valorar y puntuar todos los aspectos de la concesión; no hay ninguna norma que le exima de esa obligación. La obligación de elevar una propuesta razonable al órgano de contratación, valorando y puntuando todos los aspectos de la concesión, es competencia de la Mesa, añadió Galar.

En este orden de cosas y preguntado por las pasos que podría dar la Administración tras la sentencia, el presidente de la fundación indicó que si la Mesa de Contratación no acatara la sentencia, de acuerdo a la cual tiene la obligación de elevar una propuesta, cabría pensar que habría que inhabilitar a esas personas de la Mesa de Contratación. Y es que, según explicó Martínez, la Mesa dice que no lo hacen porque es un proceso muy complicado; nosotros pensamos que no lo hacen porque no quieren hacerlo, y nuevamente planea en todo este tema la posible prevaricación.


Fuente: http://www.noticiasdenavarra.com/2010/02/20/sociedad/navarra/euskara-kultur-elkargoa-no-descarta-denunciar-al-gobierno-por-prevaricacion