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Miles de personas se manifiestan contra el juicio y dan su apoyo a Udalbiltza

Udalbiltza - 23/07/2010

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Miles de personas tomaron el domingo parte en Bilbao en una manifestación de apoyo a los veinte encausados por el Caso Udalbiltza, a los que se les está juzgando en la Audiencia Nacional acusados de una presunta integración en ETA y malversación de caudales públicos y para quienes la fiscalía pide penas de entre 10 y 15 años de prisión.

Tras una pancarta en la que se leía en euskera Libertad para Udalbiltza. Sí a Udalbiltza. Sí a Euskal Herria, y carteles en los que aparecían el nombre de cientos de municipios vascos, tanto de Hegoalde como de Iparralde, los manifestantes partieron de la Plaza de La Casilla para llegar al Ayuntamiento de la capital vizcaina donde dos de los imputados, Loren Arkotxa, ex alcalde de Ondarroa; y Maribi Ugarteburu, ex alcaldesa de Amoroto, leyeron un comunicado en el que dejaron claro que no esperan otro veredicto que la absolución "puesto que nuestro trabajo ha sido totalmente político".

Tras dar las gracias al más de medio centenar de partidos políticos, sindicatos y diversas asociaciones -culturales, sociales y deportivas- que les han mostrado su apoyo, Arkotxa y Urgarteburu aseguraron que la intención es "ganar el futuro de una forma libre y democrática". Quien fuera primer edil de Ondarroa aseguró que "el propio pueblo es Udalbiltza y Udalbiltza es el pueblo", al tiempo que Maribi Ugarteburu señaló que "venimos de Madrid con la cabeza bien alta" y añadió que "aunque parezca mentira, estamos contentos y fuertes gracias a todos vosotros. Y con esa misma fuerza iremos de nuevo el próximo jueves a Madrid (a la reanudación del juicio) orgullosos y con ánimo".

apoyo En la manifestación se dieron cita, entre otros, miembros de EA como su secretario general Pello Urizar, Rafa Larreina y Sabin Intxaurraga; por parte de la izquierda abertzale histórica acudieron Rufi Etxeberria, Tasio Erkizia y Jone Goirizelaia; y desde Aralar, su coordinador general, Patxi Zabaleta, acompañado de la portavoz de esta formación en el Parlamento Vasco, Aintzane Ezenarro y su homóloga en las Juntas Generales de Gipuzkoa, Rebeka Ubera. En la marcha estuvieron también presentes el líder de Alternatiba Oskar Matute; el ex alcalde de Getxo por el PNV, Iñaki Zarraoa; o el sindicalista de ELA Mikel Noval.

Antes de dar comienzo a la manifestación desde la izquierda abertzale histórica, Tasio Erkizia, señaló que "Euskal Herria tiene pleno derecho para desarrollar sus propias instituciones al objeto de potenciar el euskera, la cultura y la identidad nacional".

Pello Urizar, por su parte, denunció que "con el mensaje de que "todo es ETA", procesos como el 18/98, el de Egunkaria y el de Udalbiltza, sirven para politizar la justicia y para judicializar cualquier trabajo en favor de la independencia de este pueblo".

El coordinador general de Aralar, Patxi Zabaleta, expresó su solidaridad con los encausados y manifestó que "la democracia exige que se abran las puertas de la política a todas las acciones que se hagan por caminos pacíficos, por caminos democráticos y a través de la palabra", al tiempo que Oskar Matute indicó que "los electos vascos tienen todo el derecho a asociarse para desarrollar aquellos proyectos que entiende que necesitan un mayor empuje".




Fuente: http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2010/07/18/politica/euskadi/miles-de-personas-se-manifiestan-en-bilbao-contra-el-juicio-y-dan-su-apoyo-a-udalbiltza




* Siete años después de que el juez Baltasar Garzón decretara la suspensión de las actividades de la denominada Udalbiltza-Kursaal, los 22 encausados se enfrentan hoy a la primera sesión de la vista oral que se prolongará hasta el 16 septiembre en la Audiencia Nacional.

Acusados de pertenencia a organización terrorista y malversación de fondos públicos, sobre los imputados pesan peticiones de penas de 10 a 22 años de prisión e inhabilitaciones para ejercer ningún cargo público por periodos de tiempos similares.

Ante la inminencia del juicio, distintas voces se han posicionado sobre lo que esperan de este proceso que comienza hoy. El lunes, diversas personalidades de la cultura, el deporte, los sindicatos o la política suscribieron una declaración de apoyo en la que demandaban la absolución para los procesados.

Ayer fue la portavoz del Gobierno Vasco y consejera de Justicia, Idoia Mendia, la que, siguiendo el mismo esquema que utilizó cuando el juicio de Egunkaria, repitió que "una justicia lenta suele dejar de ser justa". La portavoz del Ejecutivo deseó que el caso "se solucione, se resuelta pronto" y anunció que "respetaremos la resolución que salga de los tribunales".

Ayer también, un grupo de doce eurodiputados pertenecientes a fuerzas como Esquerra Republicana de Catalunya, Partido Nación Corsa, el nacionalista galés o el Sinn Féin, mostró su "preocupación" por el respeto a los derechos fundamentales a lo largo del proceso.

En esta línea, han remitido a la Comisión Europea y al Consejo de la UE una pregunta en la que cuestionan las medidas que Bruselas va a tomar "para garantizar que los derechos fundamentales de los procesados son respetados". La docena de eurodiputados también plantea sus dudas sobre el uso "indebido" de las leyes españolas para "criminalizar la actividad legítima de "representantes electos del País Vasco".

Los datos El juicio, presidido por el mismo magistrado que condujo el proceso de Egunkaria y el del 11-M, Javier Gómez Bermúdez, celebrará hoy su primera sesión y mañana la segunda. La tercera y la cuarta están previstas para el 22 y el 23 de este mes, aunque podrían no celebrarse después de que el tribunal recortara a apenas 20 las más de 100 comparecencias que propuso la defensa.

Tras estas cuatro primeras jornadas, se reanudará el 7 de septiembre, continuará los días 8, 9, 14 y 15, de manera que el 16 quedará, en principio, visto para sentencia.

Las peticiones de castigo a las que se enfrentan varían entre la Fiscalía y la acusación popular, ejercida al igual que en el caso Egunkaria por la asociación Dignidad y Justicia (DyJ). El Ministerio Público solicita para los 22 imputados 10 años de prisión por pertenencia a organización terrorista, mientras que para cuatro de ellos exige otros 5 años por malversación de fondos públicos. En el caso de DyJ, para los primeros pide 14 años y a los segundos les añade 8 más, hasta un total de 22.